Si en Canadá, con las instituciones más sólidas y funcionales, se dieron abusos que obligaron a ese fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuánto más en los países donde operan las empresas canadienses que se benefician no sólo de la corrupción y el tráfico de influencias sino de la nefasta interferencia de la misma Embajada de Canadá que opera como si fuera agente de negocios más que como una representación diplomática. Porque ha de saber la opinión pública que la misión diplomática ejerce presión a favor de las empresas de origen canadiense y realiza cabildeo importante con autoridades para facilitar los trámites y asegurarse las concesiones. Siendo que es una representación oficial de Canadá, ahora debiera implementar acciones para facilitar que las empresas cumplan aquí con lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de su país y para facilitar que nuestro propio ministerio de Ambiente abandone la política de complacencia que fue ordenada desde las más altas instancias durante el gobierno anterior para favorecer a la minería que logró bajo ese período beneficios y ventajas enormes. Aquí en Guatemala se ha satanizado la crítica contra la minería como una oposición al desarrollo, pero la verdad es que esa actividad deja poco en el plano económico al país y se lleva nuestros recursos naturales a cambio de daños irreparables al ambiente. Esa es la premisa fundamental y precisamente por ello, por los daños que ocasiona aun en países donde funcionan los controles con mayor eficacia, es que resulta urgente que Guatemala redoble esfuerzos por preservar la ecología y el equilibrio ambiental en extensas áreas que fueron concesionadas a cambio de míseras regalías para el país, pero de enormes comisiones para las autoridades que las otorgaron en condiciones tan leoninas. No puede un país como Canadá presionar a un país como Guatemala para que acepte condiciones que para ellos mismos son inaceptables, como esa de fraccionar los estudios de impacto ambiental para hacerlos inútiles y redactarlos de manera que sean imposibles de asimilar para las poblaciones que deben ser consultadas.