La Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) solicitó la pena de 560 años de prisión contra un Coronel del Ejército y cuatro comisionados militares destacados en la base militar de Zacapa durante la década de los ochentas.



Los militares están acusados de la desaparición forzada de ocho miembros de la citada comunidad, hecho ocurrido el 19 de octubre de 1981.



CONDENA



El MP solicitó al Tribunal de Sentencia de Chiquimula una pena de 560 años contra Marco Antonio Sánchez Samayoa, ex comandante de la Base Militar de Zacapa; Salomón Maldonado Ríos, José Domingo Ríos Martínez, Gabriel Álvarez Ramos y Juan Carlos Ramos Rivera (ya fallecido); ex comisionados militares.



Durante el debate contra los mencionados militares, iniciado en septiembre último, la Fiscalía les imputó el delito de desaparición forzada de: Jacobo Crisóstomo Chegüen, Miguel Ángel Chegüen Crisóstomo, Raúl Chegüen, Inocente Gallardo, Antolín Gallardo Rivera, Valentín Gallardo Rivera, Santiago Gallardo Rivera y Tránsito Rivera.



El MP también los acusó del delito de violación a deberes contra la humanidad, que tiene una pena máxima de 30 años de prisión y el de desaparición forzada que contempla 40 años, por cada desaparición, lo que suma 560 años de cárcel para los sindicados.



Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), acompañante de las víctimas durante el proceso de debate declaró que espera que se logre una sentencia condenatoria contra los militares, lo que contribuirá "a erradicar el temor que persiste en las víctimas y a partir de ahí se podrán iniciar otros procesos y terminar con el muro de impunidad que existe", indicó.



Polanco calificó de "contundentes" las pruebas presentadas por el MP y la Procuraduría de Derechos Humanos durante el debate, las que consistieron en los testimonios de víctimas y documentales, entre otras.



A la fase final del debate se hicieron presentes, hoy, los embajadores Jean Pierre Villard, de Suiza; Jorge Saavedra, de Chile; Peter Kamper, de Holanda; además, Amílcar Velásquez, fiscal General del MP y Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.