Gladys Nineth de León Cáceres ingresó a prisión el 22 de febrero de 1996, acusada por el delito de encubrimiento propio, ya que se le sindicaba de ser cómplice en el secuestro de una persona.



Según la privada de libertad, fue condenada a 25 años de cárcel por este delito, pero su buena conducta y su trabajo en la cárcel le permitieron la redención de penas, por lo que debería purgar la mitad de esos años, es decir doce y medio.



De León afirma que ya ha pasado un año y tres meses desde que concluyó su condena, y todavía no goza de las garantías de una persona libre, pero le preocupa aún más que el tiempo continúe transcurriendo sin que nadie la escuche.



A decir de la reclusa, desafortunadamente su caso no es el único, pues varias de sus compañeras continúan en prisión luego de cumplir las condenas que se las impuesto; incluso, existen personas que llevan hasta dos años en prisión, a pesar de haber terminado la condena.



"Yo ya pague mi condena, de verás necesito que me dejen salir, se acercan las fiestas de fin de año y lo único que quiero es pasar esos días con mi familia, mis hijos y mi madrecita que ya es una persona grande", afirma la afectada.



OPINIONES



Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP) indica que es importante que las privadas de libertad consulten con sus abogados sobre su situación, puesto que a veces hace falta algún trámite legal para concluir con la condena.



"A veces sucede que hay que pagar alguna fianza para salir de la cárcel, o hace falta algún documento o trámite; sería conveniente que la afectada hable con su abogado defensor para que éste le explique su situación actual", afirma Esquivel.



Por su parte Guillermo Melgar, vocero del Organismo Judicial (OJ), indica que verificarán la situación de estas personas, por lo que necesitan información que ayude a conocer el caso o los casos.



De acuerdo con Maya Alvarado de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg), este tipo de hechos son condenables y preocupantes para las mujeres privadas de libertad, por lo que quien comete un acto ilícito ahora es el Estado.



"El acto ilícito lo comete el Estado y debe retribuirlo, porque si ella ya cumplió con su condena ya tendría que haber sido puesta en libertad", afirma la profesional en alusión al caso de Gladys.



Alvarado ve con preocupación estas situaciones, pero principalmente el caso de algunas mujeres que son capturadas y sentenciadas por involucrarse con hechos delictivos que sus parejas cometen, inclusive en algunos casos, ellas se encuentran solas cuando son aprehendidas y el esposo o novio se va, cuando él es el responsable.



La representante de Unamg no descarta que existan casos en que las mujeres se involucren por su propia voluntad en actos ilegales, aunque la mayoría son involucradas por sus parejas, afirma.