Los tentáculos de la impunidad parecen también llegar al citado delito ya que sólo cuatro de cientos de casos denunciados (a lo que se sumaría los delitos cometidos que no son denunciados) han prosperado en el Organismo Judicial (OJ).



La discriminación en el país es tan constante, que parece formar parte de la vida cotidiana, lo que ha generado tanta impunidad respecto al mismo, asegura una de las fuentes consultadas.



En el Ministerio Público (MP) no existe una oficina o sede que se dedique a investigar las denuncias por racismo. Se consultó a personal de la fiscalía de Derechos Humanos, la cual investigó años atrás ese hecho, pero afirmaron que ese acto ilícito ya no es su competencia.



El más reciente antecedente de la discriminación como un delito que "debería" ser perseguido y sancionado penalmente es la sentencia condenatoria contra tres personas que discriminaron a Cándida González Cipir, quien fue víctima de ese hecho en agosto de 2006 y fungía como Viceministra de Trabajo.



La sentencia condenatoria fue impuesta por el tribunal de Coatepeque, en contra de María de los Ángeles Narváez, Arely Magaly Valenzuela Orozco y José Dionisio Ochoa Velásquez; quienes fueron condenados a un año y cuatro meses de prisión por el delito de discriminación por motivos étnicos.



La ex viceministra de Trabajo, de origen tzutujil, denunció que empleados de las oficinas del Ministerio en el que laboraba, en Tecún Umán, San Marcos, despreciaron su presencia y se negaron a reunirse con ella, al observar que vestía su traje regional. Los empleados hicieron burlas contra González.



IMPUNIDAD

Benito Morales, abogado de la Fundación Rigoberta Menchú, quienes actuaron como querellantes en el arriba citado proceso, explica que sólo cinco casos de discriminación han llegado a juicio en el país desde que el delito fue incluido en el Código Penal, y que de ese número sólo dos han tenido una sentencia condenatoria.



�gEn el MP las denuncias por discriminación superan fácilmente la centena, pero eso no implica que no los denuncie, lo que ocurre es que las instituciones no han hecho lo suficiente para llevar una investigación profunda y someter a proceso a quienes incurren en ese ilícito", explicó Morales.



El jurista explica además que el ilícito, que está por cumplir siete años de vigencia no sólo es denunciado en el MP sino en otras instancias como la Comisión Contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA), Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría de la Mujer Indígena, y que la instancia encargada de la persecución penal "sigue mostrando serias deficiencias para investigar el delito", indicó.



Morales enfatizó que el ilícito tiene fuertes efectos tanto en las víctimas como en la sociedad: "entre los casos que se han ventilado en el OJ se han presentado dictámenes sicológicos donde queda demostrado que los efectos para las personas son altamente graves, porque afectan seriamente la autoestima de las personas, además la discriminación se refiere a una gran cantidad de violaciones a derechos fundamentales de las personas que los sufren", indicó el entrevistado.



ANÁLISIS

Eduardo Zacayón, director del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos, opina que el delito de racismo "se comente a diario, es parte de la vida cotidiana en Guatemala", declaró.



Según Zacayón, el problema es que no hay denuncia sobre ese delito porque existe demasiada impunidad en él y la justicia no cumple su consigna de ser pronta y cumplida, refiere.



El analista agrega que en los pocos casos que han obtenido una sentencia condenatoria han requerido de un "gran esfuerzo por parte de las víctimas", pero en los casos de gente que tiene pocos recursos económicos y con poca capacidad de recurrir a las instancias internacionales y medios de comunicación, prefieren no gastar energía en algo que están seguros que no llegará a mucho, indicó.



Zacayón dijo finalmente que el delito genera un gran impacto social, porque provoca impunidad, además de indolencia e indiferencia en la sociedad. "Los operadores tienen que tener conciencia del hecho, se tienen que sentir identificados con las normas legales, pero eso no ocurre, los propios operadores no están convencidos del delito y ponen en riesgo a quien denuncia esas agresiones; pero deben cambiar su mirada, ser más sensibles ante esos hechos porque la discriminación y el racismo son estructurales", enfatizó el experto.