Según se desarrolló en el juicio, se nombraron a dos personas más que podrían estar vinculadas a este caso, presuntamente superiores de Cusanero Coj. Como parte de las conclusiones del caso, se recomendó continuar con las investigaciones para poder presentar proceso acusatorio contra estos vinculados, de quienes se prefiere omitir el nombre.



EL CASO



Cusanero, de 68 años, fue declarado culpable de la desaparición de los indígenas mayas Kaqchikeles Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, entre el 5 de noviembre de 1982 y el 28 de octubre de 1984 en la aldea Choatalum.



El ex paramilitar fue enviado a una prisión del norte del país, pero sus abogados apelaron la condena. Según el informe presentado en 1999 por la Comisión de la Verdad, auspiciada por las Naciones Unidas, el 93% de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la guerra civil fueron cometidas por las fuerzas del Estado.



Pese a la condena ejemplar, los familiares aún esperan lo más importante: encontrar a sus familiares desaparecidos. "Yo fui a preguntar tres veces en el destacamento, y me dijo: 'Sale inmediatamente, porque si no se queda aquí, sin excusa'", refirió Hilarión López, uno de los familiares, cuyo testimonio fue fundamental para la condena.



"Yo me siento molesto porque mi hijo no me lo entregó jamás. Y lo que yo quiero es justicia. Y ojalá, que si fuera posible, que me lo entregara; yo (con esto) me quedo más satisfecho, me cueste lo que me cueste para sacarlo, pero Dios es primero, pero desgraciadamente no me dice nada, y eso es lo que quiero saber de él (Cusanero). Él debe pedir disculpas al pueblo San Martín, a la aldea de Choatalum.



Para Hilarió López, esta condena fue una consecuencia de la violación de las leyes. Sin embargo, la comunidad habría dado la oportunidad a Cusanero a redimirse: "Lo llamamos tres veces. En la escuela, había como dos mil personas. Debía disculparse; somos humanos todos, debemos perdonarle el pueblo entero, no sólo mi persona", refiere, haciendo eco de que le pidieron que indicara dónde estaban los desaparecidos, y ante la negativa de Cusanero, lo llevaron a los tribunales.



Refirió que se sintió satisfecho con la condena, pero indicó que aún quiere el cuerpo de su hijo desaparecido: "quiero entregarlo al cementerio para llevarle un arreglo de flores, una candelita o un velo"



AÚN HAY MÁS



Según los informes que buscan el esclarecimiento histórico, durante el conflicto armado interno hubo, al menos, 45 mil desaparecidos forzadamente. Y esta condena es apenas por seis desaparecidos.



Así lo refiere Manuel Tay, otro de los familiares de las víctimas; "Lamentablemente, no sólo a él le pasó; gracias a la valentía de los seis familiares que tuvieron la valentía de poner la denuncia. Esto no es fácil, nos ha costado demasiado desvelo, cansancio, burlas de parte del comisionado y sus ex compañeros militares", describió el proceso.



"Tenemos años de trabajar en la exhumación, hemos realizado (...) en diez municipios de Chimaltenango, en Quiché, (donde se ven) las mismas peticiones. Apenas van ahorita en un esclarecimiento seis. El señor Cusanero tuvo la oportunidad suficiente, para decir 'disculpen', yo tube una orden de tal comandante, de tal capitán", explicó Tay la queja de la comunidad, tras la condena.



Tay refirió que el camino ahora aún no es fácil. Falta todavía más casos y supone que podrían también recibir amenazas tras la condena y la continuación de las denuncias. "Queremos dejar también claro, por cualquier atentado de sus familias en contra de las víctimas... lo vamos a denunciar, lo queremos dejar claro, para que las víctimas puedan vivir en paz. Él se fue preso, pero no nos dijo dónde se quedaron. La mayor parte está escondida todavía. Queremos más procesos, que la justicia no quede impune.



Las desapariciones de Lorenzo Ávila, Alejo Culajay, Filomena López, Encarnación López, Santiago Sutuj y Mario Augusto Tay, ocurrieron en la aldea Choatalum, del municipio de San Martín Jilotepeque, entre el 5 de noviembre de 1982 al 28 de octubre de 1984.



La demanda penal en contra del ex comisionado militar fue presentada el 9 de junio del 2003 por familiares de los seis indígenas desaparecidos y a ellos se unió como querellante la asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua).