La lectura del artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala debiera ser obligatoria para todos los que desempeñan función pública, de manera tal que entiendan que no son dueños de la información que manejan sino que la misma es absolutamente pública con la única salvedad que hace la misma Constitución.

Pero resulta que la Ley de Acceso a la Información, llamada a desarrollar esa norma constitucional, se ha convertido en trampa porque empezando por la misma Presidencia de la República, los funcionarios están empeñados en manosear la nueva ley para ocultar información. Y lo hacen de muchas maneras porque evidentemente la transparencia es para ellos un problema porque impide los manejos turbios que son parte del ejercicio del poder en Guatemala y en muchos lugares del mundo.

Es patético el resultado de la Ley de Acceso a la Información que, aparentemente, dejó una serie de resquicios para que los funcionarios burlen la norma elemental, la contenida en la Constitución de la República, que obliga a la publicidad de todos, léase bien, todos los actos de la administración, lo que incluye hasta la agenda pública del Presidente. Aparte son las reuniones privadas que pueda tener por asuntos que no son de Estado, pero todo lo que tiene que ver con la gestión de gobierno es y tiene que ser materia de conocimiento público.

¿Será que la norma constitucional contenida en el artículo 30 de la Carta Magna es tan difícil de entender que ni siquiera los juristas de la Secretaría General de la Presidencia tienen entendederas para "agarrar" lo que dice y asimilar su espíritu? Honestamente hablando no creemos que sea así, sino que como siempre son muchos los que gustan de navegar con bandera de babosos para lograr sus aviesos cometidos.

Si alguien no quiere que se le someta a fiscalización y control, que se abstenga de buscar puestos públicos porque la publicidad en el desempeño de los mismos es un imperativo ineludible. Y los ciudadanos debemos insistir en el cumplimiento de la norma constitucional por más que la Ley de Acceso a la Información tan cacareada se haya convertido en el pretexto para mandar al diablo el mandato de la Constitución.