Cuatro de los hoy libres eran de origen mexicano según lo establecido por la fiscalía de Huehuetenango, también se desvinculó de ese hecho a un menor de edad.



La citada judicatura tomó como base para emitir esa resolución, que los peritajes balísticos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no encontraron vínculos entre las armas de los procesados y las que fueron disparadas contra las víctimas.



FALLO



Por Medio de un procedimiento abreviado, el juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango condenó a Enrique Jaramillo Aguilar, de 27 años; Blas Hernández Ayala y Alejandro Morales González, ambos de 28 a una pena de un año de prisión conmutable por el delito de portación ilegal de armas de fuego.



En ese mismo proceso, el Juzgado condenó a Carlos Alberto Jaramillo, de 27 años; a dos años conmutables, ya que también estaba ligado a proceso por el ilícito de portación ilegal de municiones.



La conmuta correspondiente a la condena fue de Q5 por día (Q 1 mil 825 en el caso de los tres primeros y Q 3 mil 650 en el último); los procesados también fueron expulsados del país.



Los ahora libres fueron aprehendidos 3 de diciembre último, en La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, durante una serie de allanamientos efectuados por la Policía Nacional Civil y el MP.



En esa fecha también fue capturado Víctor Hugo Morales Gonzáles, alias "el Amarillo", presunto narcotraficante mexicano y quien ahora es el único implicado en ese enfrentamiento suscitado supuestamente por inconformidad entre dos grupos por los resultados de un jaripeo realizado en la citada región.



DEBILIDAD



Mario Mérida, analista en temas de Seguridad, opinó que esa resolución refleja, en particular, dos debilidades, tanto en la investigación del MP como en la discrecionalidad de los jueces para resolver.



"El MP tiene una muy grave ineficiencia en documentar los casos con evidencias validas para presentarlas ante un juez y eso se debe en un 90%% a que dentro del equipo no hay personal capacitado o de Inacif, que permita aportar pruebas científicas a los casos", indicó.



Respecto al segundo punto, el analista apuntó: "Existe un amplio espectro de discrecionalidad para juzgar esos casos y en ese caso es importante revisar el código penal modificarlo en el sentido de las condenas", explicó.



El analista expresó finalmente que esos fallos se convierten en "una excusa para los fracasos del sistema de seguridad ciudadana" y que es necesario que el Estado trabaje en el tema de la "credibilidad y confianza en las instituciones de justicia", dijo.



Ayer también trascendió que el Juzgado Primero de la capital desligó de cinco delitos a seis procesados que el Ministerio Público (MP) vincula a los Zetas, capturados en Izabal en febrero último.



La resolución de la jueza benefició a: Byron Vargas Sosa, Rodrigo Orellana Recinos, Esteban Bolvito Pérez, Selvin Galindo Choc Sam, Mario Enrique Cocoj Quiej y Ricardo Quin Güitz, vinculados por el MP a "los Zetas".