Ahora que el país realiza una de las mayores inversiones con el objeto de ampliar significativamente la población con acceso al agua potable y al saneamiento básico, para contribuir a la salud y la lucha contra la pobreza, bien vale la pena analizar las formas de administración de estos nuevos sistemas, para garantizar que los resultados de este gran esfuerzo nacional den los frutos previstos.



Si bien es cierto que la construcción de la infraestructura, que es el primer objetivo del plan, es esencial, no basta con ello. Hace falta una gestión integral, que vaya más allá y complemente las obras civiles con otros elementos esenciales, como la conservación de los ecosistemas productores y los intereses diversos de los usuarios.



El papel de proveedor de servicios públicos del Estado y las municipalidades, le dieron en algunos casos, un rol más protagónico al capital privado en el sector del agua, para congraciarse con un sector de la oligarquía, aduciendo su mayor eficiencia y la posibilidad de acceder a nuevas fuentes financieras y tecnológicas para mejorar y ampliar los servicios.



La evaluación de la privatización de los servicios de agua presenta resultados dañinos a la población guatemalteca, en general, poco satisfactorios, muestran beneficios en las zonas con usuarios urbanos con ingresos medios y altos, pero han fracasado en el ámbito de los usuarios con escasa capacidad de pago, como el caso de una añeja empresa propietaria de la planta de tratamiento denominada Mariscal,



La privatización no ha tenido éxito en la mejora de la eficiencia de los sistemas de distribución pues su servicio irregular no es satisfactorio, ni la ampliación y tratamiento de las aguas residuales y la conservación de los ecosistemas productores y mucho menos la conservación de los ecosistemas.



En Guatemala, la ola privatizadora del sector de agua potable embotellada se inició a principios de los años noventas, cuando por razones de salud los turistas principiaron a venir con su agua embotellada purificada.



La contribución del sector privado a la prestación de servicios relacionados con el agua potable y el saneamiento básico puede ser importante, pero es fundamental que el papel de regulación y control del Estado y las municipalidades respecto al agua como bien público se ejerza con eficacia y transparencia.



Se nota la tendencia a revertir la ola privatizadora de los servicios de agua potable para que el vital líquido llegue a la mayoría de la población a precios accesibles.