Silvia Palomo, titular de esa secretaría de la Presidencia de la República, reiteró que los adolescentes en conflicto con la ley, atendidos en dichos centros, ya no son delincuentes comunes.

El grado de delito que han cometido ya rebasa el simple robo de un celular o por hurto; ahora se trata de casos graves como asesinato o sicariato, mencionó la funcionaria, agregando que la dificultad sumada es que conviven integrantes de maras y grupos como los denominados "emos", por ejemplo, mencionó.

Nombró "la complejidad en los delitos" a dicha situación interna que causó el grave problema debido al asesinato cometido en contra del tutor educativo, dando a conocer a los parlamentarios que ha surgido la necesidad de que sean tratados a otro nivel legal por la peligrosidad que representan.

Esa referencia hacia aquellos internos que ya cumplieron mayoría de edad y que en teoría deberían ser reubicados ya en un centro de cumplimiento de condena para adultos; sin embargo, la funcionaria tiene presente y respeta que quien manda es la ley, en este caso el Código de la Niñez y Adolescencia.



SE FUE DE LAS MANOS



Las dificultades que atraviesa el Centro Etapa II, en San José Pinula, Guatemala, y sus internos, están empezando a rebasar la estabilidad del correccional, "se les fue de las manos", dijo el parlamentario Óscar Córdova.

El diputado adelantó que por la información vertida por la titular de esa institución, ni la Secretaría de Bienestar Social ni las autoridades de los correccionales están en capacidad de cumplir y mantener la proyección objetiva para la que están destinados los correccionales.

Por ello como presidente de la Comisión del Menor y la Familia intentará persuadir a los integrantes de esa sala de trabajo para redactar, presentar, discutir y aprobar todas las reformas que sean necesarias para que el tema quede superado y hacer cumplir la ley.



CASO



El pasado martes 4 de marzo, durante la tarde, en un motín, la mayor parte de los 69 jóvenes recluidos efectuaron la revuelta sangrienta donde le cortaron la vida al maestro Winter Vidaurre. Cincuenta y cuatro de ellos fueron procesados en un juzgado de la niñez y la adolescencia por ser menores de 18 años.

Desde aquella fecha, el juzgador Marco Antonio Villeda ordenó que los reos fueran trasladados hacia el Centro Preventivo de la zona 18 por peligro de fuga. Por ese caso quedaron en la orfandad tres niños.