Más de 500.000 indígenas de los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Sololá han rechazado las licencias para el reconocimiento, exploración y explotación de los recursos naturales en sus territorios, dijo el dirigente del Consejo de Pueblos de Occidente, Carlos Guarques, en rueda de prensa.



Unos 35 municipios han "realizado consultas comunitarias por la defensa de nuestros territorios", la más reciente en el poblado de Santa Bárbara, Huehuetenango, donde realizaron 44 asambleas y el 100% de los 6.027 personas no aceptó la actividad minera de metales, subrayó.



En ese municipio, el ministerio de Energía y Minas autorizó cuatro licencias para la exploración de metales, tres de ellas a la firma Montana Exploradora de Guatemala, subsidiaria de la canadiense Gold Corp, que ya trabaja en una mina en San Marcos, 280 km al oeste de la capital.



"Las licencias fueron concedidas por el gobierno de forma unilateral e inconsulta a las comunidades para la exploración de 4 mineras de metales en sus respectivos territorios, eminentemente indígenas", agregó.



Guarques explicó que las consultas populares son legales, toda vez que se amparan en mecanismos que leyes nacionales e internacionales reconocen, como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, aunque el gobierno se niega a reconocerlas como vinculantes.



Datos de organizaciones indígenas indican que hasta el momento el gobierno ha otorgado unas 450 licencias para la exploración y explotación minera en todo el país.