El Consejo de los Pueblos de Occidente, integrado por comunidades de San Marcos, Huehuetenango, Quiché, Totonicapán, Quetzaltenango, Sololá y otras organizaciones, en compañía de monseñor Ramazzini, rechazaron las modificaciones al anteproyecto de reformas a la Ley de Minería que recibió dictamen favorable de la Comisión de Energía y Minas el pasado 22 de enero.



El mencionado anteproyecto fue presentado por el ex presidente de la citada comisión, Alejandro Sinibaldi, en la administración pasada; no obstante, organizaciones sociales de los municipios afectados denuncian que los cambios efectuados al documento no contemplan los intereses de las comunidades.



EXCLUSIÓN

Francisco Rocael Mateo, representante de los Pueblos de Occidente, indicó que las reformas no vinculan derechos humanos fundamentales regulados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y tampoco contempla las consultas comunitarias, ya que la misma no es producto del consenso nacional.



Álvaro Ramazzini, obispo de la Diócesis de San Marcos -quien fue miembro de la Comisión de Alto Nivel de Minería que discutió los cambios efectuados al anteproyecto-, reconoció que sí hubo exclusión de las comunidades.



Ramazzini y otros representantes se reunieron con el presidente del Congreso de la República, Roberto Alejos, a quien le plantearon ambas solicitudes: devolver a la Comisión de Energía y Minas el anteproyecto y suspender el otorgamiento de licencias mineras hasta que la iniciativa sea consensuada.



Rosa María de Frade, de la Bancada Guatemala, señaló que "es inconcebible" que las regalías hayan sido reducidas y que las empresas estén exentas del pago del Impuesto Sobre la Renta.



A criterio de Ramazzini, de no interrumpirse la actividad minera y buscar una solución a la situación de las comunidades, la conflictividad en estos sitios podría incrementarse. "La conflictividad se mantiene y la tensión sigue", refirió Ramazzini.



RECHAZO

Los municipios de Cuilco y San Rafael Petzal, de Huehuetenango, presentaron esta mañana resultados de las dos últimas consultas comunitarias efectuadas en 2008 con la participación de más de cien comunidades y el apoyo de autoridades locales. Los pobladores rechazaron rotundamente la actividad minera.



En total suman 32 municipios que han expresado su renuencia a dichas acciones, en San Marcos y Huehuetenango.