Teniendo ya una ley específica que contempla sanciones para los que oculten información, debemos decir que empieza una etapa en la que la sociedad tendrá un enorme desafío porque ahora no tendrá excusa para decir que le ocultan la verdad. Dependerá en gran medida de cómo y cuánto pregunte e inquiera la sociedad guatemalteca para que podamos tener la información que hace falta para tomar decisiones correctas.

No es una ley que se haya hecho para beneficio de los medios de comunicación, como algunos pensaron y dijeron, sino de una norma general que se aplica a todos los habitantes del país y por lo tanto nadie tendrá excusa para seguir ignorando la forma en que se maneja la cosa pública. Hasta hoy había una justificación relativamente cómoda de la gente, al decir que los políticos siempre ocultan los hechos y se tapan con la misma chamarra, pero resulta que esa chamarra empieza a rasgarse con la existencia de normas que los obligarán, so pena de sanción legal, a proporcionarle a la gente la información que requiera.

Posiblemente como sociedad no hemos llegado a dimensionar la magnitud del reto, porque si bien se abren espacios para la información, nos comprometen a todos los ciudadanos para que tengamos un papel más activo en la vida colectiva y especialmente en los asuntos de Estado. Posiblemente la mayor ventaja de la ley aprobada ayer, es que deberá crear una nueva actitud de los guatemaltecos, obligados a actuar más como ciudadanos, para preocuparse por los asuntos del Estado. Y es importante que se entienda que no es papel de la prensa asumir esa responsabilidad que es de todos. Cierto es que por naturaleza y función posiblemente los periodistas sean quienes más utilicen el recurso de la nueva ley, pero el colectivo social estaría renunciando a parte esencial de su deber y de sus derechos ciudadanos si no la aprovecha para ejercer la necesaria presión para terminar con la impunidad en la corrupción.

También hay que entender que en adelante, casos como el de Meyer y el Congreso serán también parte de nuestra responsabilidad ciudadana porque habremos de saber ejercitar el derecho que tenemos a estar correctamente informados.