Acudir al Congreso para hacer expreso del derecho de petición y abogar por una ley es válido, sin embargo por la delgada línea que separa al “lobby” del tráfico de influencias, en otros países se ha propuesto elaborar un registro de organizaciones sociales y representantes de intereses que buscan influir en las cortes legislativas, para garantizar la transparencia y la democracia. ¿Qué tan recomendable es esa práctica para Guatemala?


