Hace pocos días el gobierno español anunció una de las reformas más ambiciosas anunciadas en la reciente campaña electoral, que llevó al poder al movimiento conservador en la península, y que se refiere, precisamente, a la “reforma del mercado laboral” y el impulso de medidas tendentes a la flexibilización de tal mercado, cambiando pautas y regulaciones en materia de contratación, despidos, indemnizaciones y demás.
Edgar Balsells
La citada reforma enfrenta de manera frontal el denominado Estatuto de los Trabajadores que data del año 1980, que establecía todo un marco de relaciones laborales y negociación colectiva, que significaba, en su tiempo, un tránsito fundamental en la joven democracia española de su tiempo, y el abandono de las férreas disposiciones del franquismo.
La reforma indicada contempla también una serie de incentivos vinculados con preocupaciones referentes a la población joven y las mujeres, así como mayores facilidades de contratación en el sector de las pequeñas y medianas empresas. El objetivo de todo ello es, al igual que reformas decretadas en años anteriores al Estatuto indicado, contrarrestar la aguda tasa de desempleo que afrontan países que, como España, son denominados como periféricos de la Europa actual, para diferenciarlos de los países centrales hegemónicos, tal cual son Francia y Alemania.
Es lógico admitir que la controversia está a la orden del día, en virtud de que los sindicatos principales y la oposición de la izquierda se han mostrado contrarios a las reformas, prediciendo que las nuevas regulaciones tan sólo contribuirán a exacerbar los ya complejos problemas laborales y de repunte de la actividad económica que afronta la sociedad española.
Un tema interesante, y sobre el que conviene poner las barbas en remojo, se refiere a la facultad dada por la reforma comentada, para que en el sector público se invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción para recurrir a un expediente de “regulación de empleo”, que permite así redimensionar estructuras administrativas que crecieron de manera poco normal y que no presentan sostenibilidad alguna.
Resulta indiscutible que la creación de un puesto más de trabajo, tanto en la grande como pequeña y mediana empresa, así como en el sector público, conlleva costos diversos que en la medida que no se compensen con una mayor productividad del trabajador llevarán a la quiebra, tanto a nivel micro, como en la macroactividad, acarreando así depresión económica y una bola de nieve en materia de deterioro social a todo nivel.
Muchos temas debieran comentarse al respecto de los diversos cambios que acontecen en el denominado modelo de “Estado del bienestar europeo”, y las opiniones parten desde los modelos pesimistas y de cataclismo del capitalismo, hasta las apologías en torno al apogeo de un neoliberalismo renovado que aún rememora con nostalgia las viejas hazañas de Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
Pienso, eso sí, que estos temas deben verse con la mesura y neutralidad que las nuevas realidades demandan, en materia de excesos y desviaciones de los modelos democráticos. En Guatemala por ejemplo, la figura de los emplazamientos en el sector público, así como la posibilidad de efectuar negociaciones colectivas, aparte del régimen de servicio civil, han llevado a abusos notables y son causantes directos de la crisis de las finanzas públicas. He allí tan sólo una muestra para estudiar reformas como la comentada.
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