Unos le llaman relajo al cúmulo de hechos que demuestran que el guatemalteco puede hacer lo que le da la real gana en su país sin que la autoridad cumpla con lo que determinan las leyes, pero desde mi punto de vista eso se llama anarquía.
Francisco Cáceres Barrios
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Empezamos citando que un cúmulo de menesterosos de vivienda se fueron a vivir frente al edificio del Congreso y ¿qué decir del puñado de empleados de salud pública, quienes cada vez más seguido, hacen manifestaciones y bloqueos por las rutas más concurridas para reclamar el pago de prestaciones laborales o los populistas ofrecimientos del gobernante de turno? ¿Se dieron soluciones a sus demandas? No, simplemente se postergan, para platicar del tema más adelante. Vean qué tamaño de irresponsabilidad.
Cierto es que a toda la población hay que atenderla para satisfacer de alguna manera sus requerimientos, pero no es correcto, mucho menos legal, que se les siga dando larga a sus acciones en perjuicio de los intereses de la mayoría de habitantes. ¿Será justo que se muera un ser humano porque su médico tratante, habiéndose quedado atorado en un bloqueo no pudo llegar a tiempo? ¿Eso no amerita la intervención del flamante Procurador de los Derechos Humanos, a pesar de que casi a diario, durante los diez años que lleva de ejercer tan bien remunerado cargo, no ha meneado ni un dedo para evitar el atropello? Y ¿qué decir del perjuicio que se le causa a millones de nuestros paisanos por verse forzados a caminar a pie largos trechos o a encaramarse en la palangana de cualquier vehículo automotor para cumplir con su trabajo y obligaciones o gastar dinero que no tienen, corriendo tremendos riesgos para hacerlo?
La semana pasada ¡Otra vez! nos tocó presenciar uno de tantos hechos que en cualquier país civilizado amerita tomar una rápida acción para evitarlo, más aun, cuando las recién instaladas autoridades prometieron durante su costosa campaña electoral atender debidamente este tipo de problemas. Un grupúsculo de patanes choferes y ayudantes de las chatarras rodantes mal llamadas autobuses, dispusieron bloquear el tránsito de un concurrido bulevar. ¿Para qué? ¿Será que fueron violados sus derechos humanos flagrantemente? No, simple y sencillamente porque exigen que los dejen hacer lo que les antoje para dejar y recoger pasaje en donde se les pegue la gana; conducir sin la licencia respectiva o violar cuanta disposición legal exista. ¿Pero qué dicen los usuarios a quienes por lógica debiera protegerse? Que sus cobros son antojadizos e ilegales; que corren a excesivas velocidades y que aparte de ser groseros y abusivos, no respetan su dignidad. No se necesita entonces ser un experto en derechos, obligaciones y seguridad para percatarse que la ciudadanía en general sigue llevando la peor parte, como que las víctimas sigan siendo nuestra gente más humilde, trabajadora y necesitada. ¿Hasta cuándo Dios mío?
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