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Durante años el Estado ha subsidiado al transporte, especialmente el urbano, pero dándole ciertas granjerí­as también a los transportistas extraurbanos, al favorecerle con poco control normativo, y casi nula supervisión de sus unidades, lo que no ha sido reflejo de mejora del servicio o de las unidades en sí­, sino por el contrario, los usuarios cada vez más se quejan de los problemas que tienen al dirigirse a sus casas o trabajos dí­a a dí­a, o bien trasladarse a otros lugares de sus poblaciones, en el caso de los extraurbanos.  Graves accidentes, sobrecargas en las unidades o situaciones complejas de tránsito que generan atrasos o inconvenientes son solo algunos de los problemas que la población guatemalteca debe enfrentar cada dí­a.  Y si a ello le sumamos los graves problemas de delincuencia que, especialmente en buses se ha desarrollado en los últimos años, el problema del transporte se convierte en un problema serio para Guatemala.

Ante esta situación, en donde el Estado ha renunciado en su totalidad a la gestión del transporte y por el contrario, decidió trasladar dicha figura hace años a particulares, bajo el mecanismo administrativo de concesión, por lo menos se esperarí­a que en seguimiento a su mandato constitucional y moral de velar por el bienestar de la sociedad y sus habitantes, que lograra una regulación y aplicación de las normas administrativas y jurí­dicas relativas al transporte, pero ni el Ministerio encargado del ramo, ni las policí­as municipales de tránsito o nacional civil han logrado mantener un orden y efectividad en los buses, tanto en las ciudades como aquellos que hacen rutas cortas o largas entre poblaciones.  Nuevamente, a todo lo anterior se suma la inseguridad que reina últimamente en carreteras y calles, en donde los delincuentes, a veces con el concurso de pilotos y ayudantes, y a veces siendo estos últimos las principales ví­ctimas, han hecho de las suyas, despojando a los usuarios de sus pertenencias, e inclusive con riesgo de muerte ante una eventual oposición.

Pero razonando que el problema es de todos y todas, propietarios, pilotos y usuarios, es que no se entiende que luego de tantos años, el Gobierno finalmente haya generado una iniciativa que va enmarcada a mejorar notablemente el servicio, por lo menos en cuanto a la seguridad y otros elementos, obligando a los propietarios del transporte, a invertir en sus propias unidades y a recibir a cambio, paz, seguridad y ganancias más claras, al implementar un proceso de prepago, mundialmente probado de ser efectivo.  Importante es, que no se trata de enmarcar con un oferente en particular esta compra, sino de encontrar a las empresas que mejor precio y acompañamiento ofrezcan, las que puedan hacer la venta.  Es ahora cuando deben unirse los empresarios del transporte y hacer una negociación inteligente, para su beneficio pero especialmente para el beneficio de los usuarios.  Y si existiera alguna presión para favorecer a alguna empresa vinculada al Gobierno, denunciarlo abierta y públicamente, y así­ garantizar la transparencia de este proceso, el cual inclusive ha sido bien visto por la AUTUE, la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extra Urbano, conjuntamente con otros analistas en materia de seguridad y gobernabilidad.

Todo cambio a un nivel de Estado es lento y tardí­o, e involucra un proceso de educación y cultura hacia sus habitantes, pero este inicio de una modernización del transporte propone la mejora de un sistema de seguridad en buses y sus paradas, mejora las capacidades de crecimiento económico de los propietarios y desalienta a los delincuentes.  Guatemala ha tenido pocas oportunidades de cambio recientemente; no se puede objetar algo que a todas luces favorecerá en un corto plazo a la sociedad de nuestro paí­s.

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