Parece largo el camino para la “legalización” de los estupefacientes para el consumo, pero el primer paso ya se dio. ¿Qué sigue ahora?

En Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina dio el primer paso en la búsqueda de una alternativa a la lucha contra las drogas, al indicar semanas atrás que la discusión sobre la despenalización debe darse de una manera “seria y lo más pronto posible”.

El mandatario dijo que si no se aprueba esta estrategia deberá establecerse otra que ayude a solucionar el problema de narcotráfico.

Las declaraciones del mandatario guatemalteco parecían un capítulo complementario al discurso del presidente de México, Felipe Calderón, quien propuso la despenalización del consumo personal de drogas, aunque antes se oponía decididamente a eso.

En la misma línea, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, parecía responder a ambos al señalar la conveniencia de “despenalizar la droga, si el mundo lo acepta”.

Esta no es la primera vez que el mandatario de uno de los países con mayor autoridad para hablar de lucha contra las drogas se muestra partidario del cambio de la política antinarcótica.

Santos se pronuncia a favor de un debate sobre el tema y esa postura se ha aceptado en la región como la de un gobernante que reconoce que la manera como se ha manejado hasta ahora la política no es suficiente, pues la represión y prohibición del consumo no ha generado los resultados esperados.

Al pasar de los discursos a la acción, el que destaca es Calderón, quien contempla reformas a la Ley General de Salud y a los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales de su país.

La iniciativa retomó una propuesta planteada por su sucesor, Vicente Fox, que establecía dosis máximas para opio, 2 gramos; diacetilmorfina o heroína, 50 miligramos; cannabis sativa, índica o mariguana, 2 gramos; cocaína, 500 miligramos; lisérgida (LSD), 0.015 miligramos y MDA, metilendioxianfetamina en polvo, granulado o cristal, 40 miligramos.

“Si Estados Unidos están decididos y resignados a consumir drogas, busquen, entonces, alternativas de mercado que cancelen las estratosféricas ganancias de los criminales (...) pero esa situación ya no puede seguir así”, fueron las palabras de Calderón.

La pregunta ahora es: ¿Puede Guatemala dar el segundo paso?

EL COMPLICADO MARCO LEGAL

José Cabrera, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), estima que para poder implementar una estrategia de legalización es necesario que se realice un análisis profundo del contexto social para determinar la viabilidad de la acción, pues el tema depende de una gran cantidad de factores, incluida la idiosincrasia de los guatemaltecos.

Debe establecerse un acuerdo para proceder y además se requerirá de varias acciones a nivel penal, como señala Cabrera: “Si hay acuerdo entre distintos sectores y ciertos entes internacionales, entonces se debe modificar el Código Penal y esto debe hacerse a través del Congreso de la República”.

Además, dice el consultado, se deberá establecer un escalafón, para determinar la cantidad autorizada para portar y consumir, pues “hay drogas como la heroína por ejemplo, en donde en otros países el mismo Estado les proporciona a los consumidores para tener un control”.

El presidente del CANG recalca que esto se debe realizar luego de un análisis social y jurídico, político y criminal en Guatemala, pues “no se trata solo de copiar lo que hacen otros países”. A nivel de región, estima Cabrera, es aún más complicado el análisis, pues se tienen diferencias en cuanto a violencia y consumo, así como de leyes para castigar.

“Previo a discutir sobre la despenalización también se debe tomar en consenso sobre lo que piensa Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico”, indicó el consultado.

Uno de los argumentos que señalan quienes apoyan la despenalización de la droga es que con este tema se disminuiría la violencia por lucha de territorios entre los cárteles. Sin embargo, Helen Mack, ex comisionada para la Reforma Policial, estima que sobre el tema hay una polémica muy fuerte, “porque se necesita ética y una institucionalidad fuerte que controle la distribución”.

“El crimen siempre busca su cauce y busca corromper. Por ello se requiere de una institución fortalecida, es difícil decir si será la solución, en Guatemala esto es difícil porque no hay una institucionalidad fuerte e incluso habría que crear instituciones y ahí es donde se menciona la reforma policial”, explica la consultada.

Para Mack, el cambio que traería una posible despenalización de la droga “no sucederá de la noche a la mañana y lo que no ayuda es la falta de políticas serias que trasciendan gobiernos”, explica.

En este sentido, la consultada estima que si el país no se encuentra preparado, será un desperdicio la despenalización, pues la corrupción  corrompería a las instituciones del Estado.

SEGURIDAD CONTRA SOCIEDAD

“Te voy a contar una historia, la mía y la de mi hijo cuando fue atrapado por las drogas”, ese es el título de un libro, cuya autora es la mexicana Martha Alicia Chávez, quien relata los obstáculos que enfrentan quienes buscan rescatar a un ser querido del abismo de las drogas.

Y este es precisamente el argumento de médicos para oponerse a la despenalización de la droga, pues aseguran que Guatemala y probablemente el resto de países de América no están preparados actualmente para enfrentar un reto como este.

El doctor Miguel Ángel Garcés, quien es director general de Una Voz Contra el Cáncer, consultado sobre el tema señala que en Guatemala no existen ahora los mecanismos necesarios para controlar las drogas de manera efectiva.

“Despenalizar la droga es dejar que cualquier persona consuma y caiga en adicciones. No se trata de algo que alguien puede usar hoy y dejarlo mañana. Se trata de drogas adictivas y dañinas”, asegura el experto.

Como “irresponsable” califica el galeno la intención de legalizar los estupefacientes, y asegura que los gobernantes deben buscar otra alternativa para luchar contra este flagelo, pues “hay más tráfico donde las leyes son más suaves y donde hay mayor impunidad”.

Garcés opina que, de legalizar la droga, se hará “muy difícil su control”; esto tomando como ejemplo el consumo de tabaco, que no ha podido ser controlado a pesar de lo dañino que es.

El doctor descarta totalmente los fines médicos de los narcóticos, y señala que lo único que podría utilizarse es la mariguana, en dosis muy pequeñas y para tratar el cáncer y a quienes se someten a quimioterapia.

Tampoco es válido, dice Garcés, que se señale una campaña de concientización y prevención del consumo: “No hay campaña que sirva; en la actualidad la juventud la consume cada vez más”. “¿Qué será si se legaliza?”, se pregunta.

Por ello, el médico reafirma que se trata de un problema político que el Gobierno debe resolver y reconoce que si se legaliza la droga si tendría un impacto positivo sobre la violencia. “Pero por favor no dejen de ver los impactos sobre la sociedad. La violencia es un problema, ¿pero no será más dañino para la sociedad legalizar la droga?”, cuestiona.

La despenalización de la droga podría generar una mejora en los ingresos del país, esto tomando en cuenta que por cada incautación se recauda solamente entre el 10 y el 15 por ciento de lo que en realidad genera, señala el experto en temas económicos Mario Rodríguez, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos

“Si se despenaliza la droga, el Estado podría tener mayor control, se percibirían mayores ingresos y se podría controlar la distribución de la misma además de evitar la violencia que se genera”, asegura el consultado.

El problema, explica, es que no se sabe a ciencia cierta cuánto es lo que se puede generar, “pero obviamente, los ingresos son superiores, por mucho, a los costos que esto podría generar”, dice refiriéndose a una comparación entre lo que se recaudaría por la legalización y lo que se podría gastar en servicios de atención médica por accidentes o tratamiento.

Los mismos recursos, agrega Rodríguez, servirían para impulsar las reformas que se deben realizar, tanto a nivel legal como físico y de salud y resalta que las mismas deberán ser realizadas tanto a nivel nacional como internacional.

Además, los estupefacientes no perderían su “valor adquisitivo”, pues al igual que sucede con el alcohol y el tabaco, siempre habrá consumidores.