• <<
• 1 of 4
• >>

La Secretarí­a de la Paz (Sepaz) presentó, semanas atrás, un informe preliminar sobre el proyecto de validación del Plan de Operaciones Sofí­a y la aplicación del Plan de Campaña Victoria 82, los cuales, supuestamente, fueron aplicados por efectivos militares durante el conflicto armado.

Los documentos originales llegaron a manos del titular de la Sepaz, Orlando Blanco, por la experta en desclasificación Kate Doyle, en diciembre de 2009, luego de estudiarlo y analizarlo en el instituto de estudios norteamericano National Security Archive.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa informó ante el Juzgado Segundo de Instancia Penal que el supuesto plan no se encuentra entre los archivos bajo reserva de la institución castrense.

La Cartera de Defensa también explicó al Ministerio Público que se requiere de una investigación judicial para esclarecer la existencia o desaparición de los supuestos planes.

Con los archivos y los estudios, el Organismo Ejecutivo pretende confirmar su existencia y echar a andar un proyecto de recuperación de la memoria histórica, lo cual parecerí­a algo normal, de no ser porque los documentos plantean serios señalamientos contra Otto Pérez Molina, ex candidato presidencial por el Partido Patriota, que son cada vez más incisivos en la antesala de una campaña polí­tica, ante una probable participación del General retirado.

¿PRUEBAS O MENTIRAS?

El informe gubernamental de la Sepaz señala que, por las caracterí­sticas del Plan Sofí­a, se estima que éste fue parte de una operación militar encubierta, donde participaron oficiales del Ejército de diferentes rangos y jerarquí­as, a quienes se identifican con nombres y pseudónimos.

Se lee en la copia del plan que "221145JUL82, reporta el mayor Arango Barrios y Mayor Pérez Molina, encontrarse con Escocia III en contacto con el enemigo en las inmediaciones de Salquil (8712) y Xeipum (8812), habiendo repelido emboscada e iniciando persecución, habiendo apoyado Escocia II y con resultado de 4 fil muertos; además, 18 mayores de edad capturados y 12 niños."

Según el texto, en la nómina de elementos que participaron en la ejecución de la estrategia militar se encuentra el mayor de infanterí­a, Otto Fernando Pérez Molina; además, se señala la estructura del mando del plan siendo la cabeza el entonces ministro de la Defensa Nacional, José Efraí­n Rí­os Montt, y su viceministro Humberto Mejí­a Ví­ctores.

Al respecto, Pérez Molina, actual miembro del partido de la oposición, Partido Patriota (PP), indica que su nombre fue "introducido" en el documento con el fin de dañarlo polí­ticamente.

El General retirado asegura que en el documento se introdujo a testigos falsos, se implantaron pruebas y se inventaron el plan, pues indica que el Ejército de Guatemala, como institución, no reconoce que el plan sea original.

"Lo vemos como una descalificación, se trata de destruir; por tratar de defenderse, atacan", indica Pérez Molina, a la vez que señala que esto se hace debido a que "tratan desesperadamente de afectarnos porque el Partido Patriota es bien recibido por la población".

PLANES DE VICTORIA

El plan es, según la ya mencionada Kate Doyle, una colección de comunicaciones entre el Estado Mayor General de Ejército y los comandantes que realizaron las operaciones en la región Ixil, en el norte de Quiché.

De acuerdo con el estudio de la norteamericana, "Sofí­a" es considerado como uno de los elementos operativos para cumplir con el Plan de Campaña Victoria 82, que establecí­a aumentar las unidades militares en las áreas de conflicto, destruyendo la base de apoyo social de la insurgencia y eliminar a los miembros de la guerrilla organizados; se concluye que "la mente de la población era el principal objetivo".

Las desapariciones forzadas y los asesinatos de lí­deres de organizaciones sociales fueron estrategias utilizadas a lo largo de toda la guerra interna, pero predominantes del año 1965 a 1968, y de 1978 a 1983, refiere la documentación.

Por otro lado, según el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), especialmente en el perí­odo de 1978 a 1983, "el hostigamiento a través de incursiones militares, bombardeos o masacres tuvo un carácter masivo en comunidades de las áreas consideradas rojas por el Ejército (Ixcán, Verapaces, región Ixil, altiplano central, a finales de los años 70-80)".

La mayorí­a de los testimonios publicados en el REMHI, describen que en los años 80 existió gran presión militar sobre las comunidades ejercida a través de la acción de comisionados militares y la obligación de formar Patrullas de Autodefensa Civil. Además, entre las estrategias mencionadas para hacer presión sobre las victimas era la utilización de propaganda y guerra psicológica; mecanismos de militarización e inducción de la conformidad, como las PAC y las sectas religiosas.

"Los datos sobre la muerte de niños y los relatos de los sobrevivientes que muestran las atrocidades cometidas, son también congruentes con los testimonios recogidos sobre los métodos de entrenamiento militar y la preparación que recibieron los soldados en esa época para llevar adelante la polí­tica de tierra arrasada", refiere el REMHI.

En el informe "Guatemala, Memoria del Silencio", indica que durante la guerra interna existieron procesos de reorganización de diverso orden como una alianza entre el Ejército, partidos polí­ticos, y sectores empresariales, bajo una nueva fórmula de Gobiernos electos, siempre encabezados por militares.

Para redactar este texto, se señala que el Ejército de Guatemala proporcionó información documental que ha sido calificada como "precaria y no satisfactoria", aunque ésta fue de utilidad para el análisis sistemático de las estrategias del Estado durante el enfrentamiento y, en algunos casos particulares, "constituyó un elemento de convicción que ratificó plenamente la investigación de graví­simas violaciones de derechos humanos, su calificación jurí­dica y la asignación de la responsabilidad a diversos niveles".

REACCIONES

Jorge Santos, del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), analiza que la presentación del documento no forma parte de un debate polí­tico partidario para las próximas elecciones, ya que el Plan Sofí­a fue debidamente estudiado por una organización con alta credibilidad en estudiar estos temas.

Por otro lado, Santos califica como "lamentable que una sociedad permita que una persona, altamente cuestionada por su participación en el genocidio; es como si Hitler pretendiera participar en elecciones democráticas en Alemania", dice, a lo que señala como una "vergí¼enza publica".

El representante de la CIIDH considera que la información contenida en el informe se puede iniciar un proceso judicial en contra de los actores materiales e intelectuales de las masacres ocurridas durante la guerra interna, y que ésta es una tarea de primer orden para el Ministerio Público.

Por otro lado, Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos (PDH), comenta que, debido a la falta de conocimiento sobre el contenido del plan y su procedencia, cuenta con pocos elementos para afirmar o no la veracidad del documento.

Sin embargo, señala que luego de establecer si la información es verí­dica o no, y si las imputaciones que se realizan son reales, se deben iniciar las investigaciones pertinentes para obtener el grado de complicidad y de participación de los señalados.

Morales expresa que, debido a que este plan ya fue entregado al Ministerio Público, y que de acuerdo con la Ley todo lo que ya está en manos de una instancia pública ya no es de injerencia para el PDH, esta institución ya no participarí­a en las investigaciones.