El Ejecutivo es el organismo donde menos se conoce la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (Ley PINA), por lo que el 98% de sus instituciones hace una inadecuada aplicación de la misma.
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La Comisión Nacional de Niñez y Adolescencia (CNNA) presentó recientemente su informe anual, donde evidencia que la legislación específica que protege los derechos de infantes y adolescentes es desconocida por la mayoría de funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.
Víctor Gudiel, presidente de la CNNA, afirmó que en las acciones de la institución del período pasado se enfocaron prioritariamente en procesos de capacitación para sensibilizar a funcionarios, debido a la ignorancia que prima sobre este tema.
De acuerdo con Gudiel, "en la mayoría de ministerios y secretarías muchos funcionarios ven a la niñez como personas de segundo nivel".
El entrevistado considera que pese a que hay algunos avances para la atención de esta población, una política integral que sea aplicable aún no existe.
Presupuesto
La CNNA monitorea el presupuesto que se invierte en la niñez y la adolescencia cada año. Según esta información, a la atención de ese segmento poblacional se destinan Q6,400 millones anualmente, de los cuales el 60% corresponde a lo que el Ministerio de Educación (Mineduc) tiene asignado.
"El monto de esta cartera debe atender exclusivamente a niñez, pero las demás áreas están muy desprotegidas en la asignación presupuestaria, tanto en salud, situación de calle, violencia sexual y otros", refirió Gudiel.
A criterio del presidente de la CNNA, en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación debiera asignársele a este rubro unos Q11,000 millones.
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