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Back Guatemala Actualidad Viviendo a merced del secuestro

Aumentan casos
Viviendo a merced del secuestro

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MUERTE. El lunes pasado, luego de un fallido operativo para liberar a Gressi, los secuestradores lo asesinaron dentro del vehí­culo donde era transportado.

Casi todos los sectores del paí­s recibieron con impacto la noticia difundida sobre la muerte del secuestrado Francisco Gressi, de 22 años, un caso que desnuda lo vulnerable que está la población a los secuestros.

Gabriel Herrera
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También la población se enteró del caso del diputado unionista Pablo Duarte, quien perdió a un familiar que estuvo en las manos de secuestradores que le cortaron la vida.

El lí­der del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, Mario Polanco, como reflexión introductoria acerca de este flagelo, comentó: "Desaparición forzada o secuestro, situación polí­tica o ambición económica, es el mismo dolor. Al final la industria del secuestro está haciendo mella en la familia guatemalteca y rebasa los hechos de impunidad".

El GAM tiene la convicción que el secuestro de una persona es el más aberrante y condenable crimen, porque la privación de la libertad de una persona causa zozobra e incertidumbre a una familia y a su comunidad. No importa si se trata de una desaparición en el pasado o si de un secuestro en el presente, el daño es el mismo.

Polanco percibe un aumento sustancial del secuestro en el paí­s.

"La población se encuentra en extrema vulnerabilidad y prácticamente está en manos del secuestrador, por ello debe caer la máxima pena sobre aquel que priva de la libertad a alguna persona, eso está en manos del juzgador", opina.

La polí­tica de seguridad e investigación del Gobierno es deficiente. Sólo en el año 2007, el GAM contabilizó 27 secuestros denunciados, pero en 2008 ya ocurrieron 56 y el número puede aumentar a 70 denuncias.



Dato oficial

El número oficial de secuestros que maneja el Gobierno supera los 93 casos porque según el jefe de la Unidad Antisecuestros del Ministerio Público, Julio Otzoy, hasta el mes de mayo se han registrado 52 denuncias de secuestro en la región central y sur del paí­s, hay conocimiento de 35 casos en la región de Occidente, seis en el Oriente y el resto en otros puntos del territorio.

Referente al caso del joven Gressi los investigadores analizan pistas dejadas por los delincuentes que evidencian operaciones en cuatro departamentos o áreas del paí­s: Sacatepéquez, San Marcos, Costa Sur y la capital.



Perfil

El análisis que se ha hecho determina que las ví­ctimas de los secuestradores son seleccionadas al azar, pero la preferencia son menores de edad, familiares de finqueros o empresarios y personas con solvencia económica.

El monto de pago por rescate puede variar entre los Q10 mil, Q30 mil o exigencias que pueden significar los Q300 mil. Los secuestradores operan en las zonas 10, 14 y 15 de la capital, acostumbrando el secuestro rápido.

El analista de ASIES, Luis Linares, cree que el problema estriba en las fuerzas de seguridad, que les falta capacidad para controlar la acción de los delincuentes, y con ellos el Ministerio Público y el Organismo Judicial, pues fue evidente en el Barrio El Gallito cuando las fuerzas de seguridad capturaron personas con armamento prohibido y luego las dejaron libres.

"No hay verdadera coordinación. Falta endurecer la ley, siempre respetando la independencia de los jueces, y que terminen las acciones esporádicas" subraya. Cree que un ejemplo está en la Antigua Guatemala donde durante la noche no se aprecia la presencia de la policí­a en las calles, lo cual desestimula al turismo.

Las actividades de prevención son insuficientes y la vigilancia y control, sólo cuando ocurren los asesinatos pero no logran mantener una constancia en los operativos. También es la falta de control en la investigación, algo que alienta a los grupos a seguir actuando.

"La salida del ex asesor en seguridad, Ví­ctor Rivera pareciera que hubiera alentado a los grupos que quizá estuvieron divididos con la administración del funcionario asesinado. La negativa salida de Rivera, podrí­a ser un factor que esté influyendo en el aumento de los secuestros", subraya.

Agrega que los grupos de secuestradores podrí­an estar trabajando los actos ilí­citos desde las cárceles y talvez ahora con menos control, por la ausencia de Rivera en la policí­a.

Con la guardia baja La gente desconfí­a en denuncias

Eleonora Muralles de la agrupación, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADES) analiza que no han terminado los secuestros en Guatemala, el más dramático es el caso del joven Gressi.



Parece que las autoridades han bajado la guardia por eso están actuando los secuestradores, pero no son bandas tan organizadas como hace diez años, pero de todas formas parece que no hay control, a pesar que el Ministerio de Gobernación está trabajando.

"La PNC y el MP están en la obligación de aportar las pruebas para que los jueces no tengan dudas cuando les corresponda dictar la sentencia", sugiera Muralles.

Si se aplica la justicia en este caso, puede ser precedente para detener a otras bandas que pueden estar operando. El delincuente cree que si no se aplica la ley, puede continuar cometiendo fechorí­as.

Sin embargo, FADES esperarí­a no volver nunca a casos como los que cometió la banda Agosto Negro o Los Pasaco, que tení­an toda una logí­stica estructurada, pero si no se detienen las acciones de los secuestradores, se pueden convertir en grupos con capacidades como las de antaño, analiza.

De Los Pasaco y Agosto Negro, algunos de sus integrantes están cumpliendo condena gracias a que hace una década la gente, desesperada, se armó de valor para denunciar.

Actualmente la gente no lo está haciendo porque no se ha recuperado la confianza en las autoridades a partir del gobierno de Alfonso Portillo, cuando se infiltraron mafias en las fuerzas de seguridad y justicia.

Con el gobierno de ílvaro Colom se han notado algunos esfuerzos y en el gobierno pasado también se trató de recuperar la confianza en la gente. La inauguración de la oficina de Atención a la Ví­ctima Mujer y Delitos Sexuales en el Ministerio Público, puede ser buen inicio para fomentar la cultura de denuncia y erradicar la violencia. Trasladar la práctica de denuncia al caso de los secuestros. "Si estamos en un estado de derecho la ley deberí­a aplicarse", puntualiza Muralles.

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