Esta iniciativa ineludiblemente pasa por los poderes locales, quienes tienen que implementar medidas para mejorar la infraestructura existente en sus localidades, de lo contrario ningún empresario verá oportunidades de inversión.

La certeza jurídica es muy importante en este caso, y entre estas cosas estaría una ley de minería que enmarque el asunto objetivamente y que sea equitativa con el país y con el inversionista. En el momento actual hay varias cosas que aparentemente no se toman en cuenta o no se exponen a la opinión pública, como el caso de la reactivación de la explotación del níquel en el lago de Izabal. Seguramente la empresa que compró la concesión a sus anteriores concesionarios estará esperando que se aclare el panorama al respecto para echar a andar el proyecto con todas las de ley. Debería ponerse atención a esto puesto que Solway Group sí aportó dinero en efectivo para el emprendimiento, no como Skye Resources o HudBay Metals que solamente jugaron bolsa con acciones (papeles) pero sin intención de aportar un centavo... pura especulación. Las otras concesiones de níquel seguramente han sido otorgadas a empresas multinacionales cuyo negocio es especular con dichas concesiones sin crear empleo.