El equipo de defensa de Sandra Torres Casanova intentó separar a la Jueza Cuarto del proceso que se sigue contra ésta por los programas de Cohesión Social y Mi Familia Progresa; sin embargo, fue desestimada, ya que se consignó el nombre de otra jueza.
POR ARELI ALONZO
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Torres Casanova, ex primera dama de la Nación, contrató 25 abogados para el proceso que se sigue en su contra, quienes presentaron una recusación contra la Jueza Cuarto de Instancia Penal, Yadel Reinoso, para ser separada del caso y que sea conocido por otra instancia; no obstante, la misma fue desestimada.
La misma fue declarada sin lugar por la propia jueza Reynoso, sin que pudiera ser conocida por una Sala de Apelaciones de la Torre de Tribunales, debido a que ninguno de la defensa verificó el nombre de la jueza titular.
En el documento de recusación se consignó el nombre de Verónica Galicia, jueza de primera instancia suplente, y no el de Yadel Reinoso, titular del Juzgado Cuarto, error que ninguno de los 25 defensores observó.
AUDIENCIA BAJO RESERVA
Para finales de febrero, la juzgadora programó una audiencia solicitada por la defensa de Sandra Torres Casanova, que busca dejar sin efecto el arraigo dictado contra la ex primera dama. La diligencia se llevará a puerta cerrada, luego que la jueza diera otro plazo de 30 días de reserva al caso, a solicitud del Ministerio Público, que continúa con las investigaciones.
El mes pasado, el Juzgado Cuarto ordenó el arraigo a la ex primera dama en el proceso que se lleva en su contra por la negativa de presentar datos del programa Mi Familia Progresa (Mifapro), por lo que no podrá salir del país mientras el proceso avance.
De acuerdo con la juzgadora, la querella en contra de Torres se amplió por otros delitos que no han sido investigados, usurpación de funciones y violación a la Constitución.
La ampliación de la querella se realizó en el 2010 cuando Torres Casanova administraba el programa estrella del Gobierno. La ex primera dama aseguró que su rol no era de "funcionaria pública", con lo cual no existía obligación de presentarse ante el Congreso para esclarecer la información requerida.
La primera acción legal se presentó en 2009, por incumplimiento de deberes y desobediencia, ya que en repetidas ocasiones Torres se negó a asistir a las citaciones que le hizo la bancada del Partido Patriota, para responder por el manejo de los recursos de los programas de Cohesión Social.
Asimismo, Yadel Reinoso, jueza contralora, le otorgó autoridad al Ministerio Público para que ellos realicen cualquier investigación relacionada con el manejo de fondos de los programas sociales que instituyó el gobierno de Álvaro Colom.
Por esta razón, la Fiscalía de Delitos Administrativos ya ha solicitado información a la Intendencia de Verificación Especial –IVE– de la Superintendencia de Bancos –SIB–, para que proporcione dicha información.
TRES MESES PARA INVESTIGAR
La jueza amplió por tres meses el plazo para que el MP presente su investigación en torno a la querella planteada contra Sandra Torres.
La información que obtenga el MP deberá ser entregada al Juzgado Cuarto el próximo 13 de abril, durante la audiencia programada, en la cual la juzgadora determinara si hay delito o no, y dependiendo de lo que contenga la investigación se confirmará o derogará el arraigo contra la ex primera dama, Sandra Torres Casanova.
De conformidad con Reinoso, la información es sobre el manejo de Mi Familia Progresa y los programas de Cohesión Social, desde que Torres se instituyó como directora de los mismos hasta que dejó el cargo y hasta el día de hoy.
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Palabras Clave: Sandra Torres
Comentarios
Al bote con estas lacras.