Supuestos miembros de la guerrilla, sindicados de haber participado en la masacre de El Aguacate, podrían ser citados para rendir primera declaración. Además, la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, deberá decidir si el proceso se queda en la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno.
Areli Alonzo
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Debido a que parte del expediente se halla en Chimaltenango, ahora será la Fiscal General y jefa del Ministerio Público quien deberá decidir si la misma sigue siendo conocida por la fiscal Maribel de Carrera, designada para la persecución penal de todos los delitos.
Manuel Vásquez, de la fiscalía especial para la unidad de casos de genocidio, indica que ya se ha comenzado a trabajar para que se cite a los denunciantes y las partes involucradas en esta denuncia, planteada por miembros del Grupo de Apoyo Mutuo –GAM–.
El Grupo de Apoyo Mutuo presentó una denuncia ante el Ministerio Publico en contra de miembros del Frente “Javier Tambriz”, de la facción guerrillera Organización del Pueblo en Armas –ORPA–, específicamente contra Pedro Palma Lau, conocido como Comandante Pancho; Luis Antonio Santa Cruz Mendoza (Capitán Pablo); Jaime Aurelio Tun Luch (Capitán Hernán), por su presunta participación en la masacre denominada “Masacre de El Aguacate”, hecho ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en la comunidad El Aguacate, San Andrés Itzapa, Chimaltenango, donde fueron masacrados 22 campesinos.
Según el informe Guatemala, Memoria del Silencio, uno a uno los campesinos fueron asesinados mediante estrangulación (utilizaron este método, ya que si usaban armas de fuego llamarían la atención).
INVESTIGAN DENUNCIAS
La Agencia Fiscal Especial para la investigación de los delitos cometidos por miembros de grupos armados no estatales durante el conflicto armado interno, con competencia a nivel nacional, conoce otras tres denuncias planteadas por militares retirados.
La de Ricardo Méndez-Ruiz Valdés, sobre un secuestro del que fue víctima en el año 1982, hecho del que acusa a 26 supuestos exmiembros de la extinta guerrilla de los grupos clandestinos Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas –ORPA–, Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT–, Fuerzas Armadas Rebeldes –FAR– y, Ejército Guerrillero de los Pobres –EGP–.
Asimismo, Estela de Mata viuda de Furlán acusa a Enrique Paz y Paz (padre de la Fiscal General), Yolanda Colom Caballeros y Gustavo Porras Castejón, por ser los autores intelectuales y los cabezas de las personas que colocaron bombas en el Parque Central, el asesinato de empresarios en sus fábricas y el secuestro y asesinato de la señora Novella, hechos ocurridos en 1981.
Además, la interpuesta por el ciudadano estadounidense Theodore Michael Plocharski Rehbach, contra estos grupos clandestinos que participaron en actos de terrorismo, tortura, secuestro y asesinato de diplomáticos y extranjeros acreditados en el país, durante el pasado conflicto armado interno.
MILITARES RETIRADOS SINDICADOS
Por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad han sido sindicados el general Héctor Mario López Fuentes y Efraín Ríos Montt (parte del alto mando de aquellos años), José Mauricio Rodríguez Sánchez (encargado de Inteligencia G2) cuyos procesos están en marcha; Luis Enrique Mendoza García se encuentra prófugo de la justicia. Mientras que a Óscar Humberto Mejía Víctores, el MP desestimó la persecución en su contra por padecer problemas de salud.
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Palabras Clave: masacres
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