La propuesta contempla “ciertas reformas” a la Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros, para “poder tener un procedimiento judicial abreviado”, cuando se encuentre mercadería que no sustente los requisitos legales correspondientes y, de esa cuenta, “dar audiencia a las partes” que estén involucradas.

La referida cámara empresarial espera “que esa mercadería pueda ser consignada”, y luego del proceso legal, “con una orden de juez, el producto pueda ser destruido inmediatamente”.

Andrés Castillo, presidente de CIG, dijo que el contrabando “no es un tema nuevo”, pero buscan “hacer conciencia” de los “graves daños que causa al país”, entre ellos, “perjuicio a nivel de la seguridad nacional”.

El líder empresarial sostiene que las redes del contrabando son las mismas que del crimen organizado, y a través de ese tipo de actividad ilícita obtienen financiamiento para seguir operando.

Explica que parte de la “merma en los ingresos tributarios”, se debe también a que los productos cuyo origen es dudoso no pagan impuestos, y que además, afecta la salud de quienes los consumen.

Las medidas propuestas, además, según la cámara, buscan el fortalecimiento del mercado interno y de las finanzas públicas.

Jorge Santos, del Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), está de acuerdo en que las estructuras criminales también controlan el tema del contrabando.

Sin embargo, disiente en que todo el producto confiscado sea destruido. En ese sentido, considera que debe “utilizarse un criterio como el establecido en la Ley de Extinción de Dominio, que faculta al Estado para tomar posesión sobre los bienes –consignados– (…) para que puedan ser posteriormente utilizados por el ente de institucionalidad pública” que para el efecto se cree.

Santos refiere que toda propuesta que tienda a incrementar ingresos del Estado es positiva, “en tanto esta no afecte los ingresos de la población que subsiste en condiciones de pobreza”.

Por su parte, Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), estima que “el contrabando es un problema muy significativo para la sociedad guatemalteca” y agrega que “su tratamiento debe hacerse de manera integral, junto con otras reformas en el ámbito tributario, que implican mayor información bancaria de los contribuyentes a disposición de la SAT”.

Expone que el contrabando “en sus peores manifestaciones no solo está relacionado con negocios informales, sino (también) con empresas formales”.

El analista dice que “de ahí que sea importante la aprobación de la Ley Antievasión II (…) reformas al sistema aduanero”, “pero también es necesaria la discusión acerca del Impuesto Sobre la Renta”, contenidas en propuesta de reforma integral sugerida por el Grupo Promotor del Diálogo Fiscal (GPDF) en 2008.

Por último, Menkos dijo que no cree que la destrucción del producto evite el contrabando, “en todo caso será mejor calcular el impuesto sobre los productos importados, imponer las multas del caso al infractor y, en última instancia” ante la confiscación “someterlos a una subasta”.