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La sentencia, que no es recurrible, entierra prácticamente la carrera en la magistratura española de Garzón, un hombre que puso contra las cuerdas al dictador chileno Augusto Pinochet. Paradójicamente, el Supremo dijo que las decisiones que le han costado la condena fueron propias de "regímenes totalitarios".

Garzón, de 56 años, estaba acusado del delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta— por su rol en el llamado caso "Gürtel", que destapó una trama corrupta en la administración pública y salpicó a las delegaciones regionales del gobernante Partido Popular en Valencia y Madrid.

En 2009, Garzón ordenó grabar las conversaciones entre varios acusados de la trama y sus abogados en prisión. La legislación española permite intervenir estas comunicaciones en casos de terrorismo, pero su encaje legal en otro tipo de delitos es más difuso.

La sentencia del tribunal de siete magistrados del Supremo que juzgaron a Garzón considera que su decisión fue "injusta", al "restringir arbitrariamente" el derecho de defensa de los imputados en prisión.

Según el alto tribunal, este tipo de actuaciones "solo se encuentran en los regímenes totalitarios en los que todo se considera válido para obtener la información que interesa, o se supone que interesa, al Estado, prescindiendo de las mínimas garantías efectivas para los ciudadanos".

En el juicio celebrado entre el 17 y el 20 de enero en Madrid, Garzón aseguró que al ordenar esas escuchas trataba de impedir un delito continuado de evasión de capitales.

Pero la sentencia estima que no existía dato alguno "que pudiera indicar mínimamente que la condición de letrado y el ejercicio del derecho de defensa se estaban utilizando como coartada para facilitar la comisión de nuevos delitos".

"No se trata, pues, de una interpretación errónea de la ley, sino de un acto arbitrario, por carente de razón, que desmantela la configuración constitucional del proceso penal como un proceso justo", dijo la sentencia, respaldada de manera unánime por los siete magistrados.

La acusación particular, ejercida por dos implicados en la trama y un abogado que se consideran damnificados por Garzón, solicitaba hasta 17 años de inhabilitación. Pero el Supremo dejó la condena en 11.

Además del caso "Gürtel", el magistrado español está pendiente de sentencia en el juicio que finalizó el miércoles por su investigación de los crímenes del franquismo.

Garzón, que estaba suspendido temporalmente de sus funciones en mayo de 2010, queda automáticamente apartado de cualquier trabajo del sistema judicial español durante 11 años.

Tras cumplir la condena, podría pedir su reingreso en la Audiencia Nacional.

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