Los hechos se remontan a 1996 cuando el Estado ecuatoriano concesionó tierras de los sarayaku a CGC. La comunidad se opuso y fueron objeto de agresiones y amenazas. De acuerdo a la delegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Luz Mejí­a, en la zona aún hay enterrados 1.500 kilos de dinamita.

Aunque luego las autoridades cancelaron la concesión, el año pasado el gobierno redefinió los bloques petroleros y de nuevo incluyó tierras de los sarayaku y de otros grupos indí­genas para incluirlos eventualmente en nuevas convocatorias para explotarlos, dijo en la audiencia Viviana Krsticevic, directora de CEJIL, una de las organizaciones que representan a las ví­ctimas.

La testigo Patricia Gualinga, dirigente de la comunidad, detalló sobre su ubicación y aspectos como que el acceso solo se hace por rí­o o por avioneta, además de apuntar la relación estrecha entre ellos y la selva que los rodea.

"Hubo todo tipo de amenazas, llamadas que decí­an que nos iban a cortar la cabeza, enfrentamos 13 juicios, notas que decí­an que habí­amos muerto... fueron afectados sitios que consideramos sagrados y ahí­ pusieron explosivos... dos chamanes fueron asesinados", contó la mujer.

También rindió declaración Marlon Santi, quien hasta marzo pasado lideró la Confederación de Nacionalidades Indí­genas del Ecuador.

"En el 2001 (el pueblo de) Sarayaku decidió proteger su territorio como garantí­a de vida para próximas generaciones. Decidió no permitir la actividad petrolera", explicó Santi, quien habló además sobre los llamados "campamentos de paz y vida, que eran cercas, fronteras vivas y cuando llegan trabajadores de la empresa o el ejército les pedí­amos que se retiraran".

Detalló que "una vez viajando a Quito fui interceptado por dos personas que me dijeron que dejara el caso o me matarí­an como perro, me golpearon". Tras recuperarse dijo que se dio cuenta que lo despojaron de documentos que llevaba consigo pero no de dinero.

Los testigos y otros miembros de la comunidad que asistieron a la audiencia llegaron vestidos con ropas tradicionales y con sus rostros pintados con motivos étnicos.

Como lí­der espiritual, Santino Gualinga ofreció una visión de la cosmografí­a de los sarayaku, hablando sobre los seres, amos de la selva que la habitan y cuidan.

Al ser consultado sobre qué le pedirí­a a la Corte, el anciano dijo "que no dejen ingresar a los que andan reventando la tierra, estoy pidiendo por la tierra de donde soy... porque botan los árboles y no sabemos cuándo más van a crecer".

Ena Santi subió al estrado con su bebé y relató su forma de vida, de cómo en Sarayaku todos se dedican a sembrar y cazar y con la resistencia a la petrolera debieron dejar eso y pasaron hambre.

"Nos golpearon a todos, a mi esposo le golpearon la cabeza y quedó enfermo desde esa vez, todos quedaron enfermos, yo estaba con un hijo recién nacido, salí­ corriendo, nos golpearon cuando í­bamos pasando por ese lugar para ir a una marcha a Puyo", dijo Santi sobre un ataque que habrí­a sucedido en Canelos.

Ena Santi, que comentó tiene 10 hijos, lloró cuando al dirigirse a los jueces les dijo: "Pido a las autoridades de aquí­ que le digan a nuestro gobierno que nos respeten y que saquen de nuestro territorio ese explosivo y que protejan a nuestros lí­deres, que no los persigan ni les digan que les van a cortar la cabeza. Soy viuda, mi esposo murió hace dos meses y estoy dejando este legado (el testimonio) a mis hijos".

Tras más de cuatro horas, la audiencia fue suspendida por el presidente de la Corte, el juez peruano Diego Garcí­a Sayán, para ser reanudada el jueves con la declaración de peritos y la presentación de los alegatos finales.